domingo, 20 de marzo de 2011

FERTILIZACIÓN IN VITRO Y LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE

Rita Chaves Casanova *

El inicio de la discusión sobre el trámite del expediente 17900, “Ley sobre Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria”, sin duda ha desatado posiciones encontradas. Desde la óptica de quienes creemos en la defensa de la vida en todas sus etapas, la propuesta no solo está mal planteada, sino que atenta contra la legislación costarricense vigente.

Sin pretender abarcar un tópico tan amplio, en un solo artículo; trataré al menos de puntualizar, lo que a mi parecer debería contemplarse en el desarrollo de esta discusión.

La Constitución Política en su artículo 21 nos dice: “La vida humana es inviolable”; de este artículo se desprende la protección constitucional, desde el momento en que se determina que existe vida; ahora bien ¿qué nos dice la legislación nacional, sobre el inicio de la vida? El Código Civil en el artículo 31 acerca de la existencia de las personas dice: ”La existencia de la persona física, principia al nacer viva y se refuta nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días, antes de su nacimiento”.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita por Costa Rica en su artículo 4, Derecho a la Vida, inciso 1, dice “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Ahora bien, es necesario hacer hincapié que hasta la fecha, no existe legislación costarricense que haya regulado o tratado la manipulación de embriones humanos; en consecuencia, revisando la legislación y regulación actual y las que aún no han sido discutidas. Parece irresponsable la pretensión de aprobar una “ley de tal magnitud” en un tan breve tiempo. Sé que aún queda muchísimo por argumentar, por revisar; para asumir una posición cabal ante un tema de alcance nacional.

La sociedad costarricense desde sus inicios apostó por aceptar el inicio de la vida humana desde el momento de la concepción; no existe alguna ley que determine algo distinto, eso queda evidenciado en el artículo 8 de la nueva propuesta de Ley 17.900, sobre la Protección de Embriones. Sin embargo, quienes estudiamos el tema, sabemos que quienes impulsan el proyecto no respaldan este artículo; porque el artículo en sí atenta contra la lógica de la técnica que para ser efectiva no es capaz de en sí misma garantizar protección al 100% de los embriones utilizados; es ahí donde sin ni siquiera entrar al fondo del tema, volvemos al punto inicial. Sin valorar el resto del articulado de la propuesta es difícil avanzar.

Particularmente, prefiero que se abra verdaderamente la discusión, que científicos y expertos en medicina, biología, sociología, genética y bioética nos definan puntos medulares del tema, que los diversos actores de la sociedad civil representados en las organizaciones, nos den a conocer sus posiciones.

Como legisladora considero improcedente que se pretenda concluir con este tema, en tan solo un mes, que no involucre la verdadera representación de la sociedad en la discusión y que además, sea una comisión de 11 diputados, que a priori dictamine sin concretar todas las consultas y audiencias pertinentes del caso.

Por último, aunado a la legislación que nos regula y como ciudadanos costarricenses debemos recordar que somos poseedores de una memoria histórica --de los que nos precedieron y lucharon en favor de la vida- que no nos eximirá en caso de que de alguna manera alteremos el principio de defensa de los derechos humanos, que por antonomasia ha caracterizado a Costa Rica y espero esta no sea la excepción. Traigo a la memoria una frase de Carlo Bellieni: ”Ninguna persona es un derecho para otra”.

* Diputada del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)

FECUNDACIÓN IN VITRO: TRÁMITE EXPRÉS

Carlos Avendaño*

Después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos enviara un ultimátum para que Costa Rica apruebe a la carrera el procedimiento de la Fecundación in Vitro (FIV), las aguas parlamentarias se han agitado. Ahora que la Comisión Especial que estudia el proyecto 17,900, Ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria, diputados y diputadas de este parlamento se rasgan las vestiduras y claman porque nuestro país se ponga “a derecho”.

Sin darle importancia al hecho de que la postura de la Comisión Interamericana atenta contra la soberanía nacional, en nuestra Asamblea Legislativa, nos acusan de obstruir la discusión del proyecto, y añaden, maliciosamente, que esta postura obedece a meras razones religiosas. Ciertamente no se trata de un asunto de religión. Nuestros argumentos y razonamientos son de carácter constitucional, científico, médico, ético y de procedimientos legislativos.

Aclaremos las cosas y digamos la verdad. Yo interpelo a aquellos en el parlamento que, abiertamente y sin tapujos, patrocinan la FIV. Los interpelo para que pongan la cara, para que hablen claro y le digan a su electorado la verdad. Porque veo, con mucho asombro, que algunos pretenden dictaminar el proyecto en forma irresponsable. Nos oponemos al proyecto, sobre todo, al texto sustitutivo que se está impulsndo, porque se trata, sin duda, de una afrenta contra la vida.

Se ha querido decir que este proyecto es para facilitar que las parejas con problemas de procreación natural tengan hijos, pero eso no es cierto. Yo respaldo a esas parejas, pero acá hablamos de atentar contra la vida, de legalizar una forma de aborto clara y evidente. Cuando veo la ruta que traza la discusión, me asombro; como si se hablara de chayotes o papas, en vez de niños y niñas.

Expertos y académicos como el Dr. Alejandro Leal, biólogo, investigador y docente de la UCR, o el Dr. Rodrigo Álvarez, académico y especialista en bioética y química clínica, han dado argumentos científicos de peso, para sustentar la tesis de que la FIV es, a todas luces, un procedimiento abortivo. El día que el grado de desarrollo tecnológico permita que esto no sea así; que no mueran o se congelen miles de niños y niñas no nacidos con la implementación de este procedimiento, y que los niños así procreados no sufran ningún tipo de efecto secundario, ese día lo apoyaremos.

También nos oponemos, porque han querido un procedimiento parlamentario totalmente irregular, y quieren llevar este proyecto como locomotora sin frenos: lo sacan de la comisión permanente donde se venía discutiendo, lo pasan a una especial y esta aprueba una moción para dictaminar el proyecto en sólo 22 días. Ello, a pesar de que se trata de un asunto delicadísimo, en el que está en juego el bien jurídico más tutelado por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales de derechos humanos: la VIDA. La Sala IV dura 5 años discutiendo el asunto, antes de declarar el procedimiento inconstitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos quiere obligar a correr, tardó 10 años estudiando el caso, para plantear su desmedido requerimiento.

Nos oponemos, además, porque esto también es un franco negocio. Un procedimiento de estos, no baja de entre 12,500 y 20,000 dólares y la Caja Costarricense del Seguro Social, que pagamos todos, tendrían que invertir millones de colones al año, para atender la demanda. Y es que la manipulación de la vida, también implica su comercialización.

Algunos quieren correr con esto, quieren un trámite exprés (fast track) y nos hostigan porque nos oponemos. Pero, ¿Qué hubiera hecho el Movimiento Libertario, si le dicen que el Plan Fiscal se lo tienen que aprobar en 22 días?; ¿Qué hubiera hecho el PAC si le dicen lo mismo respecto del TLC con Estados Unidos, que tanto adversaron?; ¿Qué hubiera hecho Liberación, si le dicen que se debe privatizar el ICE en ese plazo?; ¿Y la Unidad, si le dicen eso de la institución que fundó el Dr. Calderón Guardia? ¿Y el Frente Amplio si se tuviera que eliminar el Código de Trabajo de un plumazo o privatizar los muelles en 22 días?
No estamos en contra de la fecundación in vitro per sé; estamos en contra de un proceso violatorio, en el que no se permita hacer las consultas, dar las audiencias y requerir la información de las instituciones como las CCSS, de cuánto costaría para esa institución, si se aprueba la FIV (hemos señalado que esto quebraría la Caja).

Estamos en contra de que se cercene el derecho a la enmienda, para que el legislador pueda mejorar el texto propuesto. Estamos en contra de que este proyecto faculte el almacenaje, la eliminación (aborto) y la comercialización de embriones. ¡Estamos a favor de la vida!

*Diputado Restauración Nacional